Por AFP
'El Tesoro apunta a cuatro gobernadores alineados con el expresidente Maduro por obstaculizar la ayuda humanitaria tan necesaria y por prolongar el sufrimiento del pueblo venezolano', dijo el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin.
Las sanciones apuntan a Omar Prieto, de Zulia, Rafael Lacava, de Carabobo, Jorge Luis García, de Vargas y a Ramón Carrizalez, de Apure, después del bloqueo el fin de semana de varios cargamentos de ayuda humanitaria pedida por el líder opositor Juan Guaidó, jefe del Parlamento reconocido como presidente interino de Venezuela por Washington y medio centenar de países.
'Estados Unidos no va a quedarse de brazos cruzados mientras al pueblo de Venezuela se le niegan necesidades básicas y se le hace sufrir innecesariamente. Estas acciones tienen consecuencias', dijo el Departamento de Estado en un comunicado.
Las sanciones implican que todas las propiedades o activos de estas personas en Estados Unidos quedan bloqueadas y deben ser reportadas a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
El Tesoro dijo que las sanciones 'no serán necesariamente permanentes, sino que tienen como propósito motivar un cambio positivo de conductas' y agregó que Estados Unidos ya ha declarado que serán suspendidas las sanciones contra personas que 'tomen acciones concretas y significativas para restaurar el orden democrático' en Venezuela.
Los fallecidos, una mujer y tres hombres, pertenecen a la etnia indígena pemón que habita en el estado Bolívar (sur). Todos fueron atacados con armas de fuego en sucesos en los que participaron militares y grupos de civiles armados afines al gobierno, indicó la ONG, crítica del gobierno.
Alfredo Romero, director del Foro Penal, sostuvo en una rueda de prensa este lunes que se trata de 'un ataque muy específico y muy grave al pueblo indígena', al evocar que esas comunidades aborígenes tienen 'protección especial en los tratados internacionales'.
'Se trata de un ataque que viene dándose desde hace un mes. Está focalizado en los estados fronterizos y en la población indígena que se ha manifestado a favor del ingreso de la ayuda humanitaria', añadió Gonzalo Himiob, también del Foro Penal.
Durante el fin de semana, las poblaciones de Santa Elena de Uairén, cerca de Brasil, y Ureña y San Antonio del Táchira, limítrofes con Colombia, fueron escenario de intensos disturbios tras el cierre de las fronteras ordenado por el gobierno de Nicolás Maduro para impedir la entrada a Venezuela de ayuda internacional.
Esa ayuda fue gestionada por el líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por medio centenar de países. Maduro sostiene que iba a ser utilizada como un pretexto para una intervención militar de Estados Unidos.
En su informe, el Foro Penal destacó el gran número de heridos de bala registrado. 'Nos ha llamado la atención la cantidad importante de heridos de bala', dijo Romero.
'Hubo personas que fueron heridas de cuatro y cinco disparos. Solo en Santa Elena de Uairén hubo 26 heridos de bala y en San Antonio del Táchira 15. El total nacional es de 58 heridos de bala. En el hospital de Boa Vista (Brasil, a donde fueron trasladados los que se encuentran más graves) hay 20 venezolanos heridos, de ellos 19 de bala', añadió Romero.
Además, el Foro Penal indicó que en la zona de la frontera con Brasil hay nueve personas desaparecidas y reportó 32 detenidos en todo el país.
'La situación en Santa Elena de Uairén es muy grave. Han continuado los allanamientos y los disparos en la noche, incluso ayer (domingo). Ureña está prácticamente en estado de sitio. Tenemos muchas denuncias de milicias armadas que han disparado tanto en Santa Elena tanto como en Ureña', refirió Romero.
La alta comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, había condenado el domingo 'el uso excesivo de la fuerza' en Venezuela y pidió al gobierno de Maduro frenar la actuación de grupos civiles armados contra manifestantes.
'El Tesoro apunta a cuatro gobernadores alineados con el expresidente Maduro por obstaculizar la ayuda humanitaria tan necesaria y por prolongar el sufrimiento del pueblo venezolano', dijo el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin.
Las sanciones apuntan a Omar Prieto, de Zulia, Rafael Lacava, de Carabobo, Jorge Luis García, de Vargas y a Ramón Carrizalez, de Apure, después del bloqueo el fin de semana de varios cargamentos de ayuda humanitaria pedida por el líder opositor Juan Guaidó, jefe del Parlamento reconocido como presidente interino de Venezuela por Washington y medio centenar de países.
'Estados Unidos no va a quedarse de brazos cruzados mientras al pueblo de Venezuela se le niegan necesidades básicas y se le hace sufrir innecesariamente. Estas acciones tienen consecuencias', dijo el Departamento de Estado en un comunicado.
Las sanciones implican que todas las propiedades o activos de estas personas en Estados Unidos quedan bloqueadas y deben ser reportadas a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
El Tesoro dijo que las sanciones 'no serán necesariamente permanentes, sino que tienen como propósito motivar un cambio positivo de conductas' y agregó que Estados Unidos ya ha declarado que serán suspendidas las sanciones contra personas que 'tomen acciones concretas y significativas para restaurar el orden democrático' en Venezuela.
Al menos cuatro personas murieron en Venezuela en disturbios por bloqueo de ayuda
Al menos cuatro personas murieron en la zona de la frontera de Venezuela con Brasil durante intensos disturbios el fin de semana por el bloqueo al ingreso de ayuda internacional, denunció la ONG Foro Penal, que también reportó 58 heridos de bala en todo el país.Los fallecidos, una mujer y tres hombres, pertenecen a la etnia indígena pemón que habita en el estado Bolívar (sur). Todos fueron atacados con armas de fuego en sucesos en los que participaron militares y grupos de civiles armados afines al gobierno, indicó la ONG, crítica del gobierno.
Alfredo Romero, director del Foro Penal, sostuvo en una rueda de prensa este lunes que se trata de 'un ataque muy específico y muy grave al pueblo indígena', al evocar que esas comunidades aborígenes tienen 'protección especial en los tratados internacionales'.
'Se trata de un ataque que viene dándose desde hace un mes. Está focalizado en los estados fronterizos y en la población indígena que se ha manifestado a favor del ingreso de la ayuda humanitaria', añadió Gonzalo Himiob, también del Foro Penal.
Durante el fin de semana, las poblaciones de Santa Elena de Uairén, cerca de Brasil, y Ureña y San Antonio del Táchira, limítrofes con Colombia, fueron escenario de intensos disturbios tras el cierre de las fronteras ordenado por el gobierno de Nicolás Maduro para impedir la entrada a Venezuela de ayuda internacional.
Esa ayuda fue gestionada por el líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por medio centenar de países. Maduro sostiene que iba a ser utilizada como un pretexto para una intervención militar de Estados Unidos.
En su informe, el Foro Penal destacó el gran número de heridos de bala registrado. 'Nos ha llamado la atención la cantidad importante de heridos de bala', dijo Romero.
'Hubo personas que fueron heridas de cuatro y cinco disparos. Solo en Santa Elena de Uairén hubo 26 heridos de bala y en San Antonio del Táchira 15. El total nacional es de 58 heridos de bala. En el hospital de Boa Vista (Brasil, a donde fueron trasladados los que se encuentran más graves) hay 20 venezolanos heridos, de ellos 19 de bala', añadió Romero.
Además, el Foro Penal indicó que en la zona de la frontera con Brasil hay nueve personas desaparecidas y reportó 32 detenidos en todo el país.
'La situación en Santa Elena de Uairén es muy grave. Han continuado los allanamientos y los disparos en la noche, incluso ayer (domingo). Ureña está prácticamente en estado de sitio. Tenemos muchas denuncias de milicias armadas que han disparado tanto en Santa Elena tanto como en Ureña', refirió Romero.
La alta comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, había condenado el domingo 'el uso excesivo de la fuerza' en Venezuela y pidió al gobierno de Maduro frenar la actuación de grupos civiles armados contra manifestantes.
