La canadiense Infinito Gold amenazó este jueves a Costa Rica con una millonaria demanda si, al 4 de octubre próximo, no se ha llegado a un arreglo amistoso de la controversia por la cancelación de un proyecto minero en el norte del país.
Por: AFP
La casa matriz de la empresa envió una carta a la ministra de Comercio Exterior, Anabel González, en la que asegura que el estado costarricense le ha negado a su subsidiaria, Industrias Infinito, un 'trato justo y equitativo' acorde con el tratado bilateral de inversiones y los principios del derecho internacional.
En la misiva, 'se invita al Estado a resolver la disputa de forma amistosa' para no someter el caso a un arbitraje internacional en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativos a Inversiones (CICADI), explicó la vocera de la empresa, Yokebec Soto.
Aunque no precisó el monto de una eventual demanda, Infinito Gold cifró en 92 millones de dólares las inversiones realizadas en Costa Rica conducentes a explotar una mina de oro en el sector de Crucitas, en la zona norte del país -fronteriza con Nicaragua-, y en unos 1.000 millones de dólares las ganancias no percibidas.
Industrias Infinito, subisidaria de Infinito Gold, obtuvo en 2008 la concesión para explotar oro en una extensión de 261 hectáreas en Crucitas, de las cuales 191 constiuyen uno de los últimos reductos de bosque seco en el país, que iba a ser talado para llevar a cabo el proyecto.
Ese mismo año, el ex presidente Oscar Arias (2006-2010) emitió un decreto declarando dicha explotación minera de interés nacional, con lo cual se permitía el cambio de uso del suelo.
Grupos ambientalistas y políticos emprendieron una larga e intensa lucha con manifestaciones de protesta y acciones legales para evitar el inicio de las obras y salvar el bosque, el cual alberga especies únicas de flora y fauna, según expertos.
En 2010, la Sala Constitucional avaló la legalidad del contrato, pero meses después un tribunal contencioso administrativo ordenó al gobierno cancelar la concesión por considerar el proyecto altamente nocivo para el medio ambiente y porque halló graves deficiencias legales en el otorgamiento de los permisos.
La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia avaló esta sentencia unos meses después.
En el mismo fallo contencioso, los jueces pidieron a la Fiscalía investigar a los funcionarios que autorizaron la explotación, incluido el expresidente Arias y su ministro de Ambiente, Roberto Dobles.
