Por revistaeyn.com
La presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel Rodríguez, junto con otros colaboradores de la institución, fueron detenidos, según confirmaron medios costarricenses y la propia Fiscalía tica.
Las detenciones se dan en el marco de una pesquisa por un presunto sobreprecio (¢12.400 millones, unos US$23 millones anuales) en la adjudicación de contratos a 10 Áreas de Salud a cooperativas y una asociación de salud para la operación de Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS).
En los allanamientos (causa 24-0002671218-PE) dirigidos por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción se detuvo a Esquivel y otras personas de apellidos Rojas, Gómez, Araya, Porras, Gutiérrez, Quirós y Camareno.
La funcionaria se presentó a la delegación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en Pérez Zeledón, desde donde fue trasladada a San José.
La acción judicial incluye 28 allanamientos, uno de ellos en la sede central de la Caja Costarricense, en San José.
Los detenidos enfrentan cargos por influencia contra la hacienda pública, tráfico de influencias y prevaricato, que son sancionados hasta con tres, cinco y seis años de prisión, respectivamente, según el Código Penal de Costa Rica.
"Se presume que los imputados anularon el procedimiento de compra que estaba listo para ser publicado y en su lugar instruyeron uno nuevo en el cual habrían ejercido control y, prevaleciéndose de sus cargos, influyeron sobre otros funcionarios para modificar el pliego de condiciones de acuerdo con los intereses de las cooperativas", explicó el Ministerio Público (MP) en un comunicado.
El sobreprecio entre el contrato original cancelado y el nuevo supuso un incremento del 33% en el precio de la licitación de estos servicios, advirtió el OIJ. Las ofertas adjudicadas eran "excesivas" y causaron un incremento anual de más de 12.400 millones de colones (unos 24 millones de dólares) respecto al costo actual de la prestación del servicio en ejecución en las mismas áreas de salud en igualdad de condiciones técnicas.
Carlo Díaz, fiscal general de la República, aseveró que se pactaron sumas excesivas a la hora de cerrar el contrato, perjudicando así el bolsillo de los costarricenses y los servicios que reciben en la institución.
Las autoridades judiciales presumen que miembros de esa JD sostuvieron reuniones con los oferentes, lo cual pudo haber generado una ventaja indebida a las empresas beneficiadas.
La denuncia fue presentada por la Auditoria Interna de la CCSS, explicó el MP.
El asesor legal de la junta directiva de la CCSS, David Valverde, dijo que la entidad está colaborando con las autoridades y les han facilitado el acceso a oficinas y dispositivos digitales de interés.
En Costa Rica la CCSS se encarga de todos los centros de salud públicos, pero desde hace unos años contrata cooperativas de salud privadas para operar algunos Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS), que son pequeños locales de atención primaria en comunidades y barrios.
DELEGITIMAN DESDE EL GOBIERNO
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, guarda silencio ante el caso, sin embargo, la ministra de Presidencia, Laura Fernández Delgado, deslegitimó las acciones judiciales que llevan a cabo este lunes el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) por un aparente caso de corrupción en la Caja Costarricense y en los cuales resultó detenida la presidenta de esa entidad, Marta Esquivel Rodríguez y otros 7 jerarcas.
“Las acciones de la Fiscalía son absurdas desde cualquier punto de vista moral y legal. Abusivas. ¿Por qué tanto show?”, dijo Fernández, en un video publicado en las redes sociales.
La Presidencia dijo que Chaves no se referiría y que la versión de la ministra Fernández sería su único pronunciamiento por este caso.
Con información de CRHoy, La Nación, EFE, agencias
