Por Leonel Ibarra- revistaeyn.com
La Ley de Tarjeta de Crédito (Decreto 2-2024) de Guatemala entró en vigencia y regula todo lo relacionado al uso de las tarjetas de crédito, con el fin de mantener las buenas relaciones entre los emisores, afiliados y tarjetahabientes; asimismo, establece los mecanismos de protección del usuario al establecer un régimen financiero.
Con la normativa los guatemaltecos podrán contar con información completa, exacta y no capciosa sobre los bienes y servicios, condiciones, cargos aplicables y costo final del uso de la misma.
El Decreto tiene puntos clave como la creación de la Unidad de Protección de Servicios Financieros, adscrita a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco), como encargada de supervisar y proteger los derechos de los usuarios de servicios financieros.
“En marzo fue creada la Unidad de Protección de Servicios Financieros, que iniciará a operar el 1 de septiembre. Es a través de esa Unidad que se va a proteger y defender los derechos de los usuarios de las tarjetas de crédito”, explicó Claudia Karina Donis, encargada de la Diaco.
Además de la regulación de derechos y obligaciones del emisor, afiliado y tarjetahabiente. Incluye la obligatoriedad de emitir comprobantes de transacciones y estados de cuenta, así como gestionar situaciones como el robo, hurto o extravío de tarjetas.
La ley solicita una educación financiera: pues se establece que la Diaco, la Superintendencia de Bancos (SIB), el Ministerio de Educación (Mineduc) y los emisores de tarjetas de crédito deben organizar anualmente programas de educación financiera.
NUEVOS DELITOS
En cuanto a la Modificación al Código Penal, la ley introduce nuevos delitos relacionados con el uso indebido de tarjetas de crédito, permitiendo sancionar con penas de cárcel y multas a quienes cometan fraudes o abusos contra los tarjetahabientes.
Respecto al contrato que firma la persona al momento de aceptar la tarjeta se deberá detallar la tasa de interés del financiamiento y forma de cálculo, tasa de interés por mora, tarifas y comisiones y otros cargos, como el cobro que realice el emisor por cuenta de terceros.
Otro beneficio para el usuario de las tarjetas de crédito es que podrán objetar gastos que aparezcan en su estado de cuenta, cuando no estén debidamente respaldados.
Los emisores de tarjetas de crédito también deben analizar la capacidad de pago del cliente antes de otorgarle la tarjeta de crédito o un extrafinanciamiento.
Tendrán que restituir la tarjeta, sin ningún costo, cuando esta haya sido retenida por un cajero automático.
En otros temas, la ley impone la restricción de capitalizar los intereses y serán prohibidas las acciones de acoso u hostigamiento a los deudores, ya que no se podrá oprimir, molestar o abusar de manera insistente y repetitiva en contactar de una persona, con ocasión de la gestión de cobro de una deuda derivada de un contrato de tarjeta de crédito.
“El procedimiento para presentar una denuncia es que, previamente se haga la queja con el emisor quien debe responder en un plazo de 15 días, por lo que, al no tener respuesta ya se pueden abocar a la Diaco en el área de Protección de Servicios Financieros con los documentos respectivos y se le correrá audiencia en los próximos diez días”, explicó la funcionaria.
Entre las sanciones que se impondrán a las entidades que incumplan con la Ley se establecen penalizaciones leves de 15 a 55 Unidades de Multas Ajustables (UMAS), que es equivalente al salario mínimo vigente y para las faltas graves, de 36 a 55 UMAS.
El dinero obtenido de dichas multas será utilizado para proyectos de educación financiera que se realizará en conjunto con el Ministerio de Educación en parques y establecimientos educativos, para crear una cultura financiera desde la niñez y adolescencia.
La X Legislatura aprobó en febrero último el Decreto 2-2024, Ley de Tarjetas de Crédito, con el voto de la mayoría de los diputados al Congreso de la República.
