Por revistaeyn.com / AFP
Las tensiones entre el Ministerio Público y el Gobierno de Guatemala, no cesan. Esta vez, la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras Argueta, publicó un video en el que criticó la gestión del presidente Bernardo Arévalo.
En 17 minutos, lo acusa de querer tomar el control del Ministerio Público, de no responder a las necesidades de los guatemaltecos y de olvidar los intereses de la población en temas como seguridad, economía y desarrollo.
También dijo que los niveles de pobreza y el incremento en el costos de la canasta básica han llegado a sus límites, en parte, “generado por la ineptitud” de que en 47 días no se ha habilitado el paso por la autopista Palín – Escuintla.
El gobierno guatemalteco, en un mensaje enviado a la prensa tras el video de Porras, la calificó de "una fiscal débil y desesperada" que "se niega a rendir cuentas a las autoridades, a los medios, a la opinión pública" y a la ciudadanía.
En una parte de su mensaje, indicó que solicitó a la Corte de Constitucionalidad (CC) que se destituya a varios funcionarios y se ordene procesar al mandatario.
Porras exigió el “inmediato encausamiento” para librar la certificación de lo conducente para iniciar el proceso penal en contra del presidente Bernardo Arévalo de León, a quien señala de pretender tomar el control de la Fiscalía, pese a la advertencia hecha en el amparo provisional de mayo pasado.
Porras señaló que presentó ante la Corte de Constitucionalidad la petición de "debida ejecutoria" de un amparo otorgado en mayo en el que se exige a Arévalo y otros funcionarios que se "abstengan" de "todo acto que, fuera del marco constitucional y legal, atenten contra el mandato para el cual fue electa" la fiscal hasta 2026.
"El presidente ha manifestado en reiteradas ocasiones querer tomar el control del Ministerio Público", aseguró Porras en tono enérgico en un video publicado en la red X.
La cuestionada fiscal señaló que "al no cumplir" con lo ordenado "deben quedar separados" inmediatamente también el secretario general de la Presidencia, Juan Guerrero, el Procurador General de la Nación, Julio Saavedra, el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, y el secretario de Comunicación, Santiago Palomo.
Igualmente, luego que el Gobierno criticara acciones del MP relacionadas al supuesto secuestro del Padrón Electoral; Porras asegura que eso no ocurrió.
Arévalo, en el poder desde enero, ha pedido públicamente la renuncia a Porras al considerar que sus acciones vulneran la democracia en el país. También presentó en mayo, días antes del amparo, una iniciativa de ley para obtener la facultad de remover a la fiscal, pero el proyecto no ha avanzado en el Congreso.
CRÍTICAS A LA CIDH
Porras, sancionada por supuestamente favorecer la corrupción en Guatemala, también criticó el informe de la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
A su criterio, no se consignó la información que se les proporcionó durante un encuentro en el MP; además, asegura que varias de las recomendaciones que el ente internacional hace están dirigidas al Gobierno de Arévalo, principalmente cuando se habla de delitos patrimoniales y en contra de la vida.
La Comisión aseguró que el Estado de derecho en el país sigue en "peligro", principalmente por polémicas causas abiertas por la fiscalía.
La relatora de la CIDH para Guatemala, Andrea Pochak, señaló que aunque Arévalo "refrendó su compromiso con los derechos humanos", el sistema judicial en Guatemala se "ha utilizado" contra defensores de derechos humanos, periodistas, manifestantes en favor de la democracia y personas que han sido parte de la lucha contra la corrupción y la impunidad.
La relatora hizo referencia a la persecución penal que mantiene el Ministerio Público desde 2022 contra decenas de exfiscales antimafia y opositores al gobierno anterior, del derechista Alejandro Giammattei (2020-2024), aliado de la cuestionada fiscal general Consuelo Porras.
Durante el gobierno de Alejandro Giammattei, en 2022, la CIDH añadió a Guatemala en su lista negra de países donde observa graves violaciones a los derechos humanos, en la que figuran también Cuba, Venezuela y Nicaragua.
