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Guatemala: Investigan a más de 400 empresas por evasión de impuestos

Según la Superintendencia de Administración Tributaria la estructura cometió defraudación tributaria. El empresariado guatemalteco pide que la investigación siga los procesos.

2024-08-16

Por revistaeyn.com

Las autoridades guatemaltecas anunciaron que investigan un caso de millonaria defraudación tributaria.

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) dijo en conferencia de prensa, el pasado miércoles, 14 de agosto, que investiga a más de 400 empresas.

El superintendente Marco Livio Díaz dijo que se trata de una estructura que habría defraudado al fisco por más de Q300 millones (unos US$38,4 millones). “Se pudo determinar al menos a 410 empresas que conforman esta estructura con varias similitudes: mismo representante legal guatemalteco y socio, establecido en Belice. Además, el 75 % de estas empresas fueron constituidas por el mismo notario”, indicó.

“Este caso devela que compañías que reciben fondos del Estado, se han apropiado del IVA y se han negado a pagar el Impuesto Sobre la Renta. Tenemos esos indicios... Nos indigna como ciudadanos porque los recursos que hemos recaudado en la SAT están destinados a llevarle los servicios que tanto necesita la población más vulnerable de este país”, apuntó el superintendente.

El caso denominado B410, es derivado del uso de diversas herramientas de fiscalización con las que cuenta la Administración Tributaria y el uso del Módulo de Relacionamientos.

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El delito de defraudación fiscal ocurre cuando se omite presentar por más de 12 meses las declaraciones que tengan carácter de definitivas, así como las de un ejercicio fiscal que exijan las leyes fiscales, dejando de pagar la contribución correspondiente.

Díaz dijo a medios guatemaltecos que entre las empresas investigadas se encuentra Grupo Basado, Grupo Propela, Inversiones Caddie, Inversiones Humedales, Consorcio Las Mallorcas, Commerce Madness, Kaizen INC, Megalodon y Calakmuk.

EL RASTREO DE LAS VENTAS

Durante el procesamiento de los datos, se constató que entre el 2021 y el 2023, las ventas de esta estructura, según los registros del portal Guatecompras, ascendieron a Q5.730 millones. También, se identificó a nueve contribuyentes del B410 que le venden de forma directa al Estado de Guatemala, y que, según adjudicaciones en Guatecompras, representan más de Q81.761.000.

“De igual manera, se confirmó que 16 contribuyentes le vendieron al Estado más de Q4.342 millones y que le adquirieron a esta estructura más de Q375 millones en bienes o servicios (llantas, fletes, fresado en proyectos, subarrendamientos de excavadoras, logística para distribución de materiales, artículos de limpieza, entre otros), sin sustancia económica”, apuntó la entidad.

La SAT indicó que presentó las denuncias correspondientes ante los entes competentes de justicia, además de brindar copias de esta denuncia a los órganos de control: Ministerio Público, Contraloría General de Cuentas y a la Procuraduría General de la Nación.

Tras darse conocer el hecho, el Ministerio Público, indicó en sus redes sociales, que recibió la copia proporcionada por esa entidad y fue remitida a la Fiscalía de Delitos Económicos para su investigación.

SECTOR PRIVADO SE PRONUNCIA

En una primera reacción, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), dijo que en todo momento han manifestado el total apoyo en todas las acciones que estén orientadas a combatir la corrupción, pero además insistió en la necesidad de respetar el debido proceso.

Consideramos que estas investigaciones deben llevarse a cabo en el marco del debido proceso para que las personas responsables afronten las consecuencias de sus actos y, de ser encontradas culpables, se les aplique la ley”, destaca el CACIF que agrupa a gremiales de exportadores, la agroindustria, la construcción e industria, entre otros.

Por su parte, un pronunciamiento de la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG) recalcó que es importante que las autoridades competentes continúen en forma efectiva las investigaciones, “que permitan esclarecer los hechos denunciados y se dicten las medidas ejemplares en contra de quienes resulten involucrados”.

La Cámara reiteró que con esto se pueda evitar “prácticas abusivas que van en detrimento de la salud, educación, seguridad, infraestructura y muchas necesidades más que requiere la población en general”.

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