Por revistaeyn.com
Se estima que el 45 % de los hogares de América Latina y el Caribe no tienen una vivienda digna. Para reducir esa brecha, el Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destaca algunas reformas que deben realizarse, como la mejora de la gobernanza y de los marcos normativos en el sector para incentivar la participación de la iniciativa privada en la producción y financiamiento de vivienda asequible.
El Grupo BID ha propuesto seis reformas estructurales para reducir el déficit de vivienda en América Latina y el Caribe, con especial atención a población vulnerable y de bajos ingresos.
El escaso acceso a financiamiento entre los estratos más vulnerables contribuye a la exclusión de muchas familias de los sistemas de crédito de vivienda.
Por eso, otras dos reformas sugeridas son diversificar los esquemas de subsidios y diseñar productos financieros innovadores que faciliten el acceso a la vivienda para estos segmentos de población.
El paquete de reformas incluye la promoción de la inteligencia de negocio en el sector para realizar, con los institutos nacionales de estadística, una mejor gestión del déficit habitacional.
También se recomienda la innovación en sistemas de construcción y materiales con el objetivo de reducir costos y adaptarse al cambio climático, y mejorar la divulgación de conocimiento con los actores clave del sector.
“La falta de una vivienda digna es una de las manifestaciones más claras de la pobreza y reducir la pobreza es uno de los objetivos estratégicos del Grupo BID. Por eso trabajamos activamente con los gobiernos de la región para ofrecer soluciones que promuevan la participación del sector privado y permitan cerrar el déficit habitacional de forma inclusiva y resiliente al cambio climático”, dijo Tatiana Gallego, Jefa de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del BID.
A la fecha, se han completado esos estudios en Argentina, Brasil, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana. Además, se encuentran en proceso los de El Salvador y Trinidad y Tobago.
En el caso de Panamá, está analizando la introducción de cambios en sus leyes de vivienda y arrendamiento, o de Brasil, que está trabajando en productos de mejoramiento y desarrollando una plataforma nacional de oferta y demanda de vivienda. Por otro lado, Ecuador está impulsando créditos para vivienda con cooperativas y Perú ha implementado una Ley de Desarrollo Urbano Sostenible.
Todos los expertos han coincidido en la necesidad de encontrar medidas disruptivas para atender mejor el déficit habitacional en una región altamente urbanizada -un 82% de la población reside en ciudades-, y vulnerable al cambio climático.
Los cambios demográficos y de composición de los hogares, con más familias monoparentales o encabezadas por mujeres, son desafíos adicionales que agudizan el déficit de vivienda y la necesidad de soluciones inclusivas.
