Por AFP
Las nuevas directrices permitirán la liberación bajo fianza de familias inmigrantes que logren comprobar un 'miedo razonable' de que corren peligro en sus países de origen, informó Johnson en un comunicado. Las autoridades determinarán niveles de fianza 'razonables y realistas' y acelerarán los plazos para entrevistar a los inmigrantes, añadió.
'En esencia, la detención de familias será por el corto plazo en la mayoría de los casos', afirmó Johnson.
Esas reformas se suman a otras implementadas desde mayo por el gobierno estadounidense, criticado por congresistas y organizaciones civiles por las condiciones de detención de inmigrantes indocumentados tras la oleada de familias y menores provenientes de Centroamérica hace un año.
Los cambios incluyen aumentar el acceso de los inmigrantes a sus abogados, trabajadores sociales, servicios educativos y cuidado médico, así como revisar los casos de las familias detenidas por más de 90 días.
Pero Johnson aseguró que los centros seguirán en pie. 'El uso continuado de los centros residenciales para familias permitirán la rápida remoción de personas que no han formulado un pedido de asistencia migratoria', apuntó.
La detención el año pasado en Estados Unidos de más de 62.000 menores sin acompañante adulto provenientes de Guatemala, El Salvador y Honduras desató una crisis humanitaria.
Sin haber podido prever adecuadamente ese alza, muchos centros de detención se encontraron pronto sobrepasados en sus capacidades y hacinados.
Entre octubre de 2013 y septiembre de 2014, las autoridades estadounidenses impusieron cargos contra 2.762 personas por tráfico de inmigrantes, según el Departamento de Justicia.
Las nuevas directrices permitirán la liberación bajo fianza de familias inmigrantes que logren comprobar un 'miedo razonable' de que corren peligro en sus países de origen, informó Johnson en un comunicado. Las autoridades determinarán niveles de fianza 'razonables y realistas' y acelerarán los plazos para entrevistar a los inmigrantes, añadió.
'En esencia, la detención de familias será por el corto plazo en la mayoría de los casos', afirmó Johnson.
Esas reformas se suman a otras implementadas desde mayo por el gobierno estadounidense, criticado por congresistas y organizaciones civiles por las condiciones de detención de inmigrantes indocumentados tras la oleada de familias y menores provenientes de Centroamérica hace un año.
Los cambios incluyen aumentar el acceso de los inmigrantes a sus abogados, trabajadores sociales, servicios educativos y cuidado médico, así como revisar los casos de las familias detenidas por más de 90 días.
Pero Johnson aseguró que los centros seguirán en pie. 'El uso continuado de los centros residenciales para familias permitirán la rápida remoción de personas que no han formulado un pedido de asistencia migratoria', apuntó.
La detención el año pasado en Estados Unidos de más de 62.000 menores sin acompañante adulto provenientes de Guatemala, El Salvador y Honduras desató una crisis humanitaria.
Sin haber podido prever adecuadamente ese alza, muchos centros de detención se encontraron pronto sobrepasados en sus capacidades y hacinados.
Entre octubre de 2013 y septiembre de 2014, las autoridades estadounidenses impusieron cargos contra 2.762 personas por tráfico de inmigrantes, según el Departamento de Justicia.