Por revistaeyn.com
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala en su informe "Estado de excepción y derechos humanos en El Salvador" que reconoce una reducción sin precedentes de actos de violencia, pero señala denuncias de violaciones a los derechos humanos que incluyen: detenciones ilegales y arbitrarias sistemáticas y generalizadas; el allanamiento ilegal de moradas; abusos en el uso de la fuerza y violaciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Tras una ola de violencia que culminó en al menos 92 muertes, entre los días 24 y 27 de marzo de 2022, el Estado salvadoreño adoptó una declaratoria de estado de excepción en todo el territorio nacional como medida extraordinaria para erradicar el pandillaje común.
La CIDH refiere que, ante los esfuerzos del Estado en materia de prevención de violencia, mitigación de riesgos y daños a grupos vulnerables y los índices de mejora en la seguridad ciudadana en el país, reportados por el Estado, se demostraría que "la situación de emergencia fue superada y que, por lo tanto, no existe una situación que justifique mantener vigente la suspensión de derechos y garantías conforme las exigencias de la Convención Americana".
Por lo tanto, la CIDH hace un llamado al Estado salvadoreño a restablecer los derechos suspendidos y a adoptar medidas para abordar las causas y consecuencias de la criminalidad, así como su prevención, control y respuesta desde una perspectiva integral e intersectorial.
Asimismo, urge al Estado a restablecer los derechos y garantías suspendidos por los decretos legislativos del régimen de excepción, reafirmando que este mecanismo excepcional no puede convertirse en parte de su política de seguridad ciudadana permanente.
CAPTURAS MASIVAS
Según la información disponible, 73.000 personas fueron detenidas desde el 27 de marzo de 2022 al inicio de noviembre de 2023, de las cuales a la gran mayoría se le impuso prisión preventiva.
En el informe, la CIDH aborda desafíos específicos en el acceso a la justicia frente a las detenciones realizadas, las cuales incluyen la demora en el control judicial de las detenciones, la ineficacia del recurso de habeas corpus, la falta de elementos probatorios para apoyar los cargos imputados, abusos en la imposición de la prisión preventiva, la realización de audiencias judiciales masivas, limitaciones en el ejercicio del derecho de defensa y de las garantías judiciales, irrespetos al debido proceso legal, entre otros.
La Comisión da cuenta de información recibida que apunta a la posible muerte de 189 a 200 personas privadas de libertad – sin que existan cifras unánimes – y preocupaciones por falencias en las investigaciones de estos casos, así como sobre los procedimientos de notificación de familiares y el manejo de los cuerpos.
En materia de libertad de expresión y periodismo, la Comisión y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión analizan las restricciones al derecho de acceso a la información a partir de obstáculos diversos, como el presunto aumento de reservas de información pública por las instituciones del Estado; la ausencia de información disponible, periódica y desagregada; y la negativa de acceso frente a solicitudes de información.
La Comisión destaca la obligación del Estado de investigar los delitos que consisten en violaciones a los derechos humanos, buscando efectivamente la verdad sobre lo sucedido, y a juzgar y sancionar a sus responsables; subrayando la relevancia de las instancias de administración de justicia para asegurar los derechos de las víctimas.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
