Dos expertos en derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) solicitaron al Gobierno de Panamá que no continúe con el traslado de más detenidos desde diversos centros penitenciarios del país a la base del Servicio Nacional Aeronaval en la isla Punta Coco, ubicada a 107 kilómetros al sur de la costa panameña.
" El traslado de privados de libertad a una base aeronaval que no reúne las condiciones sanitarias necesarias y que no depende del Sistema Penitenciario Nacional debe ser reexaminado", indicaron los expertos Seong-Phil Hong, quien encabeza el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, y Juan E. Méndez, relator especial sobre la tortura, por medio de un comunicado.
La petición de los expertos de la ONU surge ante el traslado en los últimos dos meses de varios detenidos, lo cual comenzó con la trasferencia de José Cossio, Carlos Mosquera y Azael Ramos el pasado 24 de junio.
Según Hong, estos traslados se realizaron "sin orden de la autoridad competente y sin notificación alguna a los familiares y abogados de estas personas".
En tanto, Méndez alertó sobre las condiciones de detención en la cárcel insular, en las que "se impide la comunicación entre los reclusos y se restringe el acceso al mundo exterior dadas las dificultades que enfrentan los familiares para desplazarse hasta la isla".
"Durante las visitas, los privados de libertad permanecen con grilletes en manos y pies'. 'Además, se cree que padecen de diversos problemas estomacales debido al suministro de agua salobre. Solo disponen de 40 minutos para salir al patio, de uno en uno, a lavar su ropa, y no todos los días. Las celdas carecen de luz eléctrica y no cuentan con ventilación adecuada", dijo.
Méndez añadió que estas condiciones equivalen a un trato 'inhumano y degradante'.
"El confinamiento en solitario solo debe ser utilizado como medida de último recurso en situaciones muy excepcionales, y observando un mínimo de salvaguardas y garantías", planteó.
Los expertos hicieron un llamamiento al Gobierno de Panamá a que respete de forma plena los derechos a la integridad física y psíquica de los detenidos transferidos a la isla Punta Coco, así como su derecho a la defensa.
Ya en el mes de julio pasado la Defensoría Del Pueblo había realizado una inspección en la isla penal de Punta Coco, ubicada en el archipiélago de Las Perlas, y solicitó al Ministerio de Gobierno la clausura de las seis celdas de detención preventiva construidas en esa región del país.
El equipo de la Defensoría del Pueblo informó en aquel momento que pudo constatar la condición inhumana en que se encuentran los privados de libertad: escasos de ventilación, proliferación de mosquitos, calor sofocante; además, se les niega el derecho de comunicación y presentan problemas de salud, pero no reciben atención médica. Ante esta situación, los familiares de los detenidos también han realizado varias protestas.
En tanto, el presidente de la República, Juan Carlos Varela, ha defendido la construcción y el traslado de reos de alta peligrosidad a la cárcel en Punta Coco, ya que -según ha dicho- esto aislaría a las principales cabecillas de las pandillas más peligrosas del país.
