Por Leonel Ibarra -revistaeyn.com
La polarización de la riqueza en América Latina y el Caribe es una situación que refleja que esta alta desigualdad económica otorga a un pequeño grupo de ultrarricos la capacidad de influir significativamente en la política, afectando los derechos de las mayorías y deteriorando las democracias, señala el informe "Econonuestra: Es tiempo de una economía para todas y todos", de Oxfam.
Este fenómeno que beneficia a las grandes corporaciones y a los más ricos, perjudica las garantías de empleo y prosperidad y afecta desproporcionadamente a mujeres, jóvenes y comunidades indígenas y afrodescendientes.
Según el informe, América Latina y el Caribe es la región del mundo en la que existe una mayor polarización entre la riqueza que concentra el 1 % más rico de la población y la que está en manos del 50 % más pobre.
En 2022, el 1 % más rico de la región concentró casi 43,5 de cada US$100 de la riqueza total, mientras que la mitad más pobre de la población en su conjunto sólo concentró 0,8 de cada US$100. Esto significa que el pequeño grupo de las personas más ricas de América Latina y el Caribe acaparan 55 veces más riqueza que la mitad más pobre de la región. En los últimos 25 años, los más ricos han seguido siendo igual de ricos, mientras la mitad más pobre se ha hecho más pobre.
Hasta enero de 2024, existían 98 ‘milmillonarios’ en la región, los cuales acumulaban una riqueza conjunta de US$480.800 millones, una cantidad similar al PIB anual de Chile y Ecuador juntos.
Los dos hombres más ricos de la región concentran más riqueza que la mitad más pobre (334 millones de personas). Desde el 2000, el conjunto de fortunas de los milmillonarios ha incrementado 368 %, casi seis veces más rápido que el crecimiento de la economía en la región. Lo que equivale a US$43,7 millones al día o US$306 millones a la semana.
Un trabajador con el salario mínimo promedio de la región tendría que trabajar 90 años para ganar lo mismo que gana un milmillonario latino-caribeño promedio en un solo día.
POBREZA
En contraste, en 2023 la pobreza alcanzó 29,1 % (183 millones personas) y la pobreza extrema, al 11,4 % (72 millones de personas). Lo que significa que la pobreza extrema se encuentra en niveles superiores a los de 2010 y que actualmente hay 2,9 millones de personas más en esta condición que antes de la pandemia.
Los sistemas tributarios latino-caribeños recaudan poco de forma injusta y favorecen a quienes más tienen. La recaudación total de impuestos en la región ha crecido apenas 1,7 puntos porcentuales del PIB regional en los últimos diez años. Pasó del 20 % en 2010 al 21,7 % en 2021.
Es decir, la recaudación es 10,7 puntos porcentuales menos que el promedio de las economías de la OCDE. Esta brecha supone US$544.000 millones anuales que dejan de invertirse para combatir la pobreza y garantizar los derechos de las personas en la región.
RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS
Este escaso crecimiento en la recaudación se ha dado a costa de quienes menos tienen. Mientras la mitad de la recaudación proviene de impuestos al consumo que afectan de manera desproporcionada a los hogares de menores ingresos, la recaudación de impuestos a las utilidades y ganancias de capital de las empresas ha caído en un equivalente a 0,06 puntos porcentuales del PIB regional entre 2010 y 2021.
La aportación de los impuestos directos (renta y propiedad) se ha mantenido prácticamente constante entre 2005 y 2021, muy por debajo de su potencial recaudatorio en comparación con los países de la OCDE. Solo cinco países aplican impuestos al patrimonio neto y solo nueve tienen impuestos a las herencias, sucesiones y donaciones. Las rentas de capital tienen en promedio tasas efectivas por debajo de las rentas del trabajo.
Este patrón injusto de recaudación provoca que el 1 % más rico de la región pague proporcionalmente menos impuestos que las personas del 50 % más pobre. Por lo tanto, nuestros sistemas tributarios no solo no ayudan a reducir las brechas de desigualdad, sino que por el contrario las incrementan.
Oxfam propone reformas tributarias que tienen el potencial de recaudar una suma que representa el 4 % del PIB regional. Este monto, estimado en US$264.000 millones, se destinaría a combatir la desigualdad y a financiar políticas públicas esenciales. Este es un paso audaz hacia un futuro donde cada individuo tiene la oportunidad de prosperar y donde la justicia económica no es solo un ideal, sino una realidad posible.
