Por revistaeyn.com
El régimen de excepción en El Salvador, adoptado en marzo de 2022, ha resultado en graves violaciones de derechos humanos en contra de niños, niñas y adolescentes detenidos en comunidades de bajos ingresos, señaló Human Rights Watch (HRW) en un informe.
El informe “‘Su hijo no existe aquí’: Violaciones de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes durante el régimen de excepción en El Salvador” documenta casos de detenciones arbitrarias, tortura y otras formas de malos tratos en contra de niños detenidos en el marco de lo que el presidente Nayib Bukele denomina una “guerra contra las pandillas”.
Los menores detenidos han sido sometidos a condiciones deplorables en detención incluyendo, en ocasiones, hacinamiento, y falta de alimentación y atención médica adecuados, así como contacto con abogados y familiares. En varios casos, los niños han sido detenidos junto con adultos durante los días iniciales de su detención. Muchos han sido condenados por delitos definidos de forma amplia y en juicios con violaciones al debido proceso, indica el informe.
“Los niños, niñas y adolescentes de comunidades vulnerables en El Salvador han sufrido graves violaciones de derechos humanos debido a las detenciones indiscriminadas implementadas por el gobierno”, dijo Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch.
REDADAS EN COMUNIDADES
Policías y soldados han llevado a cabo innumerables redadas, particularmente en comunidades vulnerables donde la violencia de las pandillas era una presencia constante, deteniendo a más de 80.000 personas, incluyendo cerca de 3.000 niños, niñas y adolescentes.
Entre junio de 2023 y julio de 2024, HRW entrevistó a más de 90 personas en El Salvador. En septiembre y diciembre de 2023 visitó comunidades en varios departamentos del país.
Los arrestos indiscriminados han llevado a la detención, a menudo durante periodos prolongados previos al juicio, de numerosos niños sin ninguna conexión aparente con las actividades abusivas de las pandillas. Con frecuencia, esos arrestos parecen estar basados en la apariencia física y las condiciones socioeconómicas de los menores, más que en evidencia creíble y sólida.
En algunos casos, las autoridades han realizado detenciones basadas en información cuestionable, como denuncias anónimas no corroboradas. Las fuerzas de seguridad habitualmente no han presentado órdenes de registro o detención y rara vez han informado a los detenidos y sus familiares sobre los motivos de la detención.
En uno de los casos documentados, soldados detuvieron a un estudiante de secundaria de 16 años en Sensuntepeque, departamento de Cabañas, cuando regresaba a su casa después de jugar un partido de fútbol en mayo de 2022. Un familiar dijo a HRW que los soldados lo obligaron a desvestirse, le quemaron el torso con un encendedor y le ordenaron que confesara a qué pandilla pertenecía.
Los documentos del expediente judicial muestran que luego fue acusado de agrupaciones ilícitas, sobre la base de un único testimonio de un “testigo criteriado” anónimo, y condenado a seis años de prisión. El joven permanece detenido.
SOBREPOBLACIÓN CARCELARIA
El encarcelamiento masivo ha sobrecargado el ya frágil sistema judicial de El Salvador. Más de 1.000 niños han sido condenados durante el régimen de excepción, con sentencias que van desde los 2 a los 12 años de prisión, a menudo por cargos definidos de forma excesivamente amplia, como el delito de “agrupaciones ilícitas”, y frecuentemente sobre la base de testimonios policiales no corroborados. En muchos casos, las autoridades forzaron a los menores a realizar confesiones falsas, mediante una combinación de acuerdos judiciales abusivos y, a veces, malos tratos o tortura.
HRW señala que las autoridades "han tomado pocas medidas, si es que alguna", para proteger a los niños, niñas y adolescentes de la violencia por parte de otros detenidos, incluyendo casos de golpizas y agresiones sexuales.
La prolongada y alta tasa de homicidios del país, que alcanzó un máximo de 106 por cada 100.000 habitantes en 2015, ha disminuido drásticamente, llegando a un mínimo histórico de 2,4 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2023, según cifras oficiales. Las autoridades también han informado sobre una disminución en las extorsiones.
Sin embargo, la falta de transparencia sobre las tasas de criminalidad y las denuncias de manipulación de las cifras hacen difícil evaluar con precisión el alcance exacto de la reducción de la violencia.
El gobierno debería establecer un mecanismo para revisar los casos de los detenidos durante el régimen de excepción, señaló Human Rights Watch. Este mecanismo debería dar prioridad a la revisión de los casos de niños, niñas y adolescentes y otros detenidos vulnerables, con miras a liberar a quienes fueron detenidos sin pruebas y priorizar la persecución penal, bajo el debido proceso, de altos líderes de las pandillas que son los máximos responsables por delitos atroces.
